Enhorabuena.
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/otro-juez-invalida-segregacion-alumnos-diversidad-funcional/idEdicion-2010-02-12/idNoticia-515558/
En 2008 Mónica Sumay inició una batalla legal para restablecer el derecho de su hija a continuar su formación en el CPI Progreso de Catoira, su colegio desde los cinco años. Alejandra es una persona con diversidad funcional. Entonces tenía 14 años, había superado los ciclos de Infantil y Primaria y una resolución de la Consellería de Educación dictaba su traslado al Centro de Educación Especial de Vilagarcía, a 15 kilómetros de su domicilio. Su madre dijo no, y dos años después el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra le ha dado la razón, revocando las resoluciones de la Administración educativa "por ser contrarias a derecho".
Es la segunda sentencia en Galicia en lo que va de 2010 que hace valer el derecho a la educación inclusiva de las personas con diversidad funcional. A principios de mes se conocía el fallo que reconocía el derecho de Andrés, un niño con trastorno del espectro autista, a continuar su educación en su colegio de las Carmelitas de Vigo. A día de hoy, al menos dos familias siguen pendientes de que la justicia se pronuncie en sus demandas contra Educación.
"Mi experiencia dice que esto es difícil, que hay que disponer de medios, pero que si quieres que tus hijos sean respetados y vean reconocidos sus derechos lo mejor es fomentarlo desde la infancia. Lo único que le puedo decir a otros padres es que no se dejen avasallar, porque si peleas, ganas", explicó Mónica Sumay a esta redacción. Su hija continuará sus estudios en el centro de Catoira, que nunca abandonó gracias a la medida cautelar dictada por el juez, que evitó el traslado de la menor hasta la existencia de una sentencia firme.
"Menos mal que nos queda la justicia, si no, yo no sé si esto se podría llamar democracia ni Estado de Derecho", apunta Mónica Sumay. "La ley del 82 ya hablaba de que con recursos y medios la inclusión es posible y si en 2010 seguimos así es porque algo está fallando. ¿Cómo podemos estar hablando de respeto a la diversidad y luego dictaminar la segregación?", denuncia.
En su caso, la "indefensión" llegó con un cambio de dirección del centro y el salto de Alejandra a Secundaria. Entonces, el profesorado apeló a su libertad de cátedra para negarse a tener en el aula un alumno acompañado por un profesor de apoyo especialista en Pedagogía Terapéutica y un auxiliar cuidador, el mismo equipo que, junto a un logopeda y el departamento de orientación del centro, ha acompañado a Alejandra durante toda su edad escolar.
Derecho fundamental
La satisfacción, en cualquier caso, no es todavía completa. "Animamos a los jueces a recurrir a la Convención", dice José Antonio Nóvoa Romay, presidente de Vigalicia y representante de España en la Red Europea sobre Vida Independiente (ENIL), al señalar que las dos sentencias recurren a detalles técnicos (en el caso de Alejandra a los informes satisfactorios sobre la evolución de la alumna y a su encaje en el artículo 74 de la LOE) y no al derecho fundamental a la igualdad plena de oportunidades reconocida en la Convención de la ONU que España ratificó en 2008.
Cipriano Castreje, abogado de Mónica Sumay en el proceso, indicó a esta redacción que la sentencia demuestra que "con tesón y cuando uno sabe que la razón y la justicia le ampara, las cosas se pueden conseguir".
. rlizcano@elcorreogallego.es
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