La marca España

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Difícil lo tiene quien quiera negar la importancia del turismo como industria de cara a los beneficios para nuestro país procedentes del exterior. De ahí la preponderancia que se le está otorgando a la llamada “marca España” como buen reclamo comercial y turístico hacia otros lugares. El reclamo está vendido o mejor dicho está por vender, puesto que no está nada claro que la mercancía que ofrecemos sea de una calidad óptima.
Dicha mercancía consiste en innumerables objetos y cualidades buenas, pero también contiene muchos defectos y lacras, entre las que se hallan el consabido desempleo, nuestra alta deuda, la famosa prima del tío Riesgo, las frecuentes muestras de indignación de la ciudadanía, y porque no decirlo y admitirlo: la crispación y corrupción que se origina en nuestra propia casta política, algo generalizado le pese a quien le pese. De la crispación somos partícipes muchos, pero de los engaños a los que nos tienen acostumbrados nuestros dirigentes no somos responsables. Cada día es más evidente y clara la separación entre una minúscula élite que dirige nuestros destinos, y unos parias que padecemos sus embustes, lentitud, inacción y pésima gestión.
A todo esto hay que añadir el incremento en la brecha social existente desde tiempo inmemorial. Pues bien, esta situación ahora se traduce en un pequeño número de ricos muy ricos, y un cada vez más creciente número de pobres. De este modo no hay que mirar más allá de las estadísticas existentes acerca de los umbrales de pobreza y analfabetismo en nuestro país para darse cuenta del riesgo de podredumbre que nos amenaza y asola de este a oeste y de norte a sur.
Es importante también señalar el enorme déficit que hay en España. No me refiero al déficit económico sino más bien a la carencia de valores éticos poderosos para acoger a toda la población, porque ahora más que nunca lo importante es sumar entre todos y no restar y separar a una parte de la ciudadanía.
Se habla así del imperativo moral que se suma al legal para salir del embrollo en el que nos encontramos. Y cierto es que más que tratarse de un mandato moral se trata de cumplir con la legalidad vigente para empezar a arreglar ese desaguisado. A algún monarca y presidente del gobierno les hemos escuchado a carrillo batiente pronunciar palabras sobre una ética que desconocen y sobre el cumplimiento de la ley y tratados internacionales aprobados por nuestro país.
En este caso tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, más que imperativo moral supone un mandato obligatorio del que no hay escapatoria a no ser que queramos decir a las claras que las personas con discapacidad no tienen los mismos derechos que el resto de personas en nuestra piel de toro. En efecto, fuimos uno de los primeros países en aceptar dicho convenio (la Convención) casi sin haberlo leído. Aunque fuera coherente que, años después y tras leer ese Tratado, las autoridades rompieran la baraja, se terminaran de quitar la máscara de defensores de unos derechos cuyo significado desconocen y menosprecian; desdecirse ahora de la palabra dada nos convertiría en el hazmerreir del panorama internacional.
Sin embargo, ya que no se está cumpliendo dicha Convención, la credibilidad de nuestros gobernantes cara al exterior y al interior ha quedado en entredicho y muy mermada. Las Personas con Diversidad Funcional no tenemos muchos derechos fundamentales de los que disfrutan las personas sin diversidad funcional.
Para variar, hay que pensar por una vez en la credibilidad interior y no tanto en lo que exportamos al exterior. El primer comprador de la marca España tiene que ser la propia España. Afirmar que no vamos por buen camino sería mucho decir, puesto que ni siquiera hemos emprendido la senda que queda por recorrer.