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miércoles, 28 de noviembre de 2012

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordena a Guatemala proteger a niños y adultos de abusos en institución psiquiátrica

Disability Rights International y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala obtienen una orden de reparación  inmediata
Washington, DC -28 de noviembre de 2012- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), anunció su decisión sobre una “petición de medidas cautelares” urgente, presentada por Disability Rights International (DRI) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), en representación de más de 300 niños y adultos internados en el Hospital Federico Mora, principal centro psiquiátrico de la Ciudad de Guatemala, compuesto por un conjunto de pabellones dilapidados, y que se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad junto a un centro penitenciario.
DRI documentó abusos que ponen en riesgo la vida de niños y adultos en la institución, así como trata de mujeres con fines sexuales. El riesgo de abuso físico y sexual es tan alto que a los menores de nuevo ingreso los mantienen en cuartos de aislamiento, y a las mujeres adultas, encerradas en pabellones. Las muertes en los cuartos de aislamiento son comunes, y debido a que a los pacientes se les niega atención médica, éstos mueren a causa de enfermedades de sencillo tratamiento. Hay una exposición generalizada al VIH, y resulta imposible proteger a las personas que ingresan a la institución de que se contagien de este virus debido al alto nivel de abuso sexual dentro de la misma.
Los custodios armados que han sido puestos en la institución para vigilar a los “pacientes forenses,” caminan libremente por las instalaciones y –de acuerdo con el personal del hospital y los pacientes–, son los principales perpetradores de abusos y violencia. El Hospital Federico Mora alberga a personas con discapacidad intelectual y psiquiátrica, muchas de las cuales han sido abandonadas por el resto de sus vidas.
“Esta es una institución inherentemente peligrosa y no debería permitirse el ingreso de nuevas personas a la misma”, señala Eric Rosenthal, Director Ejecutivo de DRI. “No es un lugar seguro para las personas con discapacidad mental ni para alguna otra. Todas las personas en esta institución podrían ser trasladadas de inmediato a lugares seguros en la comunidad, empezando por los niños y mujeres, que son quienes se encuentran en mayor riesgo.”
“Hemos encontrado un clima de terror. Incluso las autoridades del hospital tienen miedo de su propio personal. Al respecto, refirieron que por temor a perder sus vidas o a ser amenazados, no pueden despedir a miembros del personal de quienes saben que cometen abusos debido a que algunos de éstos tienen vínculos con grupos del crimen organizado, tales omo la Mara Salvatrucha,” observó Sofía Galván, abogada e investigadora de DRI.
“Ante la negativa del Estado de proteger la dignidad inherente de las personas internadas en el hospital, el otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH constituye un gran avance, ofreciendo con ello, protección contra los abusos constantes de los que son víctimas,” dijo Francisco Urízar Pérez, Director Jurídico de la ODHAG.  “Asimismo, esperamos que el trabajo conjunto que podamos realizar con las autoridades de los Ministerios correspondientes redunde en un beneficio palpable para las personas internadas.”
La Comisión Interamericana solicitó al gobierno guatemalteco el adoptar “[m]edidas de prevención inmediatas orientadas a que todos los pacientes, en particular mujeres y niños, no sean objeto de actos de violencia física, psicológica y sexual, por parte de otros internos, agentes de seguridad y funcionarios del hospital.”
“Esta decisión es de gran importancia para las personas internadas en instituciones en las Américas, ya que pone a los gobiernos sobre aviso de que no resulta aceptable segregar a niños y adultos con discapacidad en instituciones, y exponerlos a graves peligros. Guatemala tiene la obligación internacional de respetar y garantizar los derechos de estas personas,” refirió el Director Ejecutivo de DRI, Eric Rosenthal.
“Vamos a enviar una delegación a Guatemala para negociar un acuerdo,” añadió Rosenthal. “Nos gustaría ver que el gobierno establezca alternativas a esta institución para las personas con discapacidad. Guatemala ha ratificado la nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a ser parte de la sociedad.” Fuente: DPI

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