Es parte del discurso de hace años:
Se debe felicitar a Ivan Lewis por su compromiso para la
agenda de personalización. Su entusiasmo en su aproximación a la entrega de los
servicios sociales le acerca a la lucha de las Personas con Diversidad
Funcional por un sistema de apoyos públicos que nos proporcione un mayor
control y elección sobre nuestras propias vidas.
Sin embargo no debemos olvidar que la personalización es
algo por lo que las Personas con Diversidad Funcional y nuestros aliados hemos
estado haciendo campaña y abriendo brecha durante los últimos 30 años. En
efecto, tomar el control personal de unos fondos de proveniencia pública
comenzó a darse con un grupo de Personas con Diversidad Funcional que vivía en
residencias durante los años 70. Querían experimentar la elección y el control
sobre sus propias vidas, así que organizaron los sistemas de cuidado auto
operados, precursores de pagos directos y presupuestos individualizados. Sí, la
huella de lo que hablan ahora el ministerio de sanidad, varias comisiones y
muchas ONGs fue impuesta por Paul Hunt, Philip Mason, Liz Briggs y John Evans, los
primeros en recibir presupuestos individuales en 1979.
Este pequeño grupo de personas fue pionero en el cambio de
políticas de cuidados residenciales a viviendas ordinarias. Pero a la larga
resultó de mayor importancia el que consiguieran que un cada vez mayor número
de Personas con Diversidad Funcional rechazaran servicios que fomentaban la
dependencia y la exclusión social para pasar a solicitar dinero con el fin de
decidir ellos mismos el modo en que debían recibir atención.
De este modo fue creciendo la vida independiente y durante
un tiempo el mundo parecía ser de color de rosa. Personas como yo podían tener
acceso al número adecuado de apoyos, permitiéndonos no sólo sobrevivir sino
vivir. Y gente que necesitaba menos tiempo de apoyo por estar en franjas más
moderadas podía tener acceso a los servicios que les permitían volver a
conectar con el mundo laboral y sus comunidades locales. Pero esta situación no
perduró en la manera que habíamos previsto. A finales de los años 90, este
servicio público con potencial transformador permanecía en manos de
profesionales, cuya principal preocupación pasó a ser la de racionalizar unos
fondos cada vez más escasos. Y aquí yace el principal motivo que bloquea el
cambio de unos servicios sociales basados en una red que conforma un frágil
estado de bienestar a un servicio de apoyos públicos que fortalecen los
derechos humanos.
Se me ha dicho que podíamos discutir de todo excepto de un
incremento en los fondos, como si unos fondos inadecuados y el repago fueran
inevitables. Pues bien, acarrea dificultades referirse a una verdadera
transformación sin reconocer que el elefante se encuentra en la habitación.
Si las Personas con Diversidad Funcional no pueden acceder a
servicios a menos que tengan el máximo nivel de necesidad, entonces toda
posibilidad de empoderamiento para transformar la sociedad no cambiará las
desigualdades que experimentan las personas y familias a las que los servicios
públicos prestan apoyos para participar en igualdad de condiciones en sus
respectivas comunidades. Ese es el motivo por el que la comisión de igualdad y
derechos humanos está tan interesada en reformar los servicios sociales. Por
ello va más allá de mejorar el acceso a los servicios públicos y enfoca su labor
en el potencial de los servicios sociales como vehículo para derivar la
desigualdad y la exclusión social...
