Lo que parece una página de sucesos, en realidad esconde una tendencia global protagonizada involuntariamente por Personas con Diversidad Funcional. Y es que el titular de la noticia que refleja el portal de Terra mediado el mes de abril de este año, habla de que unos padres en Estados Unidos habrían mantenido encerrados en una jaula a sus propios hijos con autismo durante años.
Una vez llevados a juicio, estos padres se declararon inocentes, y además iban a traer expertos médicos para corroborar que habían actuado correctamente. Habrá quien diga que la cosa no deja de ser un suceso aislado. Además ya sabemos que estos americanos a veces son un poco brutillos. Sin embargo, encontramos otro sangrante hecho que, en esta ocasión, ha tenido lugar en el otro extremo del país.
Un colegio de personas con autismo y problemas emocionales viene utilizando un tratamiento basado en descargas eléctricas sobre la piel para que estos niños cumplieran los requisitos exigidos por el colegio. No estamos ante ninguna pesadilla, más bien se trata del reflejo de una terrible noticia de la que se hace eco el prestigioso periódico británico The Guardian. El titular reza así: “Prácticas de choque: tratamiento o tortura”, para pasar a describir lo estrafalario de los colores de ese colegio, lo estrambótico también de su director y que el colegio, que lleva en funcionamiento unos 40 años, llega a castigar la piel de sus alumnos con hasta 5.000 descargas eléctricas por persona y día, en los muchachos con trastornos más severos.
El problema radica en que a lo largo de estos cuarenta años, hay que cuestionarse el número de alumnos que habrán pasado por ese centro, que no serán menos de dos... Pero vuelve a ser un asunto ocurrido en Los Estados Unidos y además en un colegio absurdo y con una metodología única en el mundo.
Casi olvidaba mencionar que esta técnica no es médica sino el efecto de la experimentación del director de dicho colegio sobre sus alumnos, que son auténticas cobayas humanas, convirtiendo el centro en un auténtico laboratorio, para intentar mejorar su comportamiento. Además, hay que añadir a esto que esta tortura no perdura en el tiempo al no tratarse de un tratamiento médico. Es decir, que cuando cesa de proporcionarse la descarga eléctrica durante un período de tiempo, la persona que ha recibido tal maltrato, vuelve a comportarse como lo había hecho hasta entonces.
Condicionamiento positivo y sobre todo negativo, llaman en psicología, a lo que sucede en el Centro Juez Rosenberg. ¿Alguien entre ustedes interesado en apuntar allí a su hijo o hija? Creo que quedan plazas disponibles todavía.
Sin embargo, los hechos relatados anteriormente ocurrieron y siguen ocurriendo al otro lado del charco. Muchos se dirán que eso no podría ocurrir nunca en Europa, pero la tozuda realidad viene a desmentir estas palabras. Nada menos que en un país como Suecia, tan elegante, hubo una política consensuada de esterilizaciones que afectó a 230.000 personas entre los años 30 y 90, pero no fue hecha a escondidas, sino que fue aprobada por las autoridades y consentida por la mayoría de la población.
Aunque esto último no tiene nada que ver con el campo de la educación, que es el que se pretende tratar en este artículo, supone un ejemplo más de la saña generalizada contra las Personas con Diversidad Funcional. Para verla con nitidez, no hace falta traspasar la frontera que conforman Los Pirineos, ni hay que retroceder nada en el tiempo. Les pondré, a continuación, una muestra no noticiable ni espectacular que hace patente que dentro de nuestras fronteras el maltrato hacia la diversidad funcional también ocurre con demasiada frecuencia desde la infancia.
En España, porque somos más chulos que un ocho, tenemos la LOE, ley orgánica de educación. En ella no sólo se incumple la declaración universal de los derechos humanos de 1948 que en su artículo 26, en el apartado 3 otorga a los padres el derecho a escoger el tipo de educación que habrán de recibir sus hijos, sino que también choca frontalmente con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad (diversidad funcional), especialmente en su artículo 24 referente a educación inclusiva. Ese tratado internacional y ese artículo en concreto habla de que los países firmantes están obligados a tomar las medidas necesarias para que la educación inclusiva de las personas con diversidad funcional sea una realidad, siendo necesario en su caso tomar las medidas adecuadas en cuanto a mejorar el entorno físico, material, comunicativo, técnico y personal, entre otros.
Por último, olvida esta ley que según nos garantiza la Constitución española en su artículo 14, “todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Pero estas palabras únicamente están escritas en el papel. La LOE supone el marco general para que cada autonomía actúe dentro de sus competencias. Así, hay incontables decretos, órdenes y proyectos segregadores en nuestras tierras. Todo esto, no nos llevemos a engaño, hemos contribuido a construirlo nosotros por acción u omisión.
Cuando se desciende al ámbito de lo personal, donde cada cual hace de su capa un sayo, la verosimilitud con la legalidad vigente se diluye a pasos de pequeñas tiranías individuales.
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