Tweet El Cea: Burla más burla más burla más burla

jueves, 9 de julio de 2020

Burla más burla más burla más burla


Que la ley de dependencia, aprobada allá por 2006 es una burla y que su dotación económica y su ideología nacieron viciadas lo sabemos mucha gente. Se podría cuestionar su constitucionalidad y quién sabe lo que dirían los jueces, pero los discapacitados no lo hacemos porque, entre otras razones, estamos empobrecidos. En concreto, en lo referente a asistencia personal, algunas comunidades autónomas han mejorado sustancialmente el acceso a esta prestación y su cuantía económica para intentar acercarse a lo que dice la CDPD (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad), tratado internacional de obligado cumplimiento en España y la UE desde hace más de una decena de años. De cualquier modo, no se puede negar que el desarrollo de esta prestación económica tan beneficiosa ha sido muy desigual en las diferentes partes de nuestro país.
Por ejemplo, en algunos sitios puedes tener más de 2000 € para tu asistencia personal, en otros hasta 750, pero según tus circunstancias hasta 100 € o menos, y en otros lugares hasta 0 € lo que debe ser muy divertido. En todo caso, ninguna comunidad autónoma ni ciudad se ajusta 100% a lo que dice la convención al respecto del artículo 19 (en el que se enmarca la asistencia personal). Según este tratado que hemos firmado (nos sobra tinta, nos falta voluntad de cumplir lo comprometido) la asistencia personal se debe prestar a cada persona según sus necesidades (que necesita 2 horas al día pues vale, que necesita 20 horas al día pues también vale), del mismo modo que si una persona está empleada en una oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde no se le quita la silla a las 12 de la mañana por la razón más peregrina que a cualquiera se le pueda ocurrir.
Por otro lado, para que se trate de una auténtica asistencia personal, el pago debe ser directo al usuario y el contrato preferentemente directo con la posibilidad de contratar mediante un grupo de apoyo llamado oficina de vida independiente (OVI). Si esto no es así se le puede llamar un sistema de apoyo a la persona de un tipo u otro, pero eso no es asistencia personal propiamente dicha (habría que restar de las estadísticas oficiales muchos números).
Entonces quedamos en que cuando Paquillo no llegaba a la corneta, la deuda pendiente con las personas discapacitadas españolas a este respecto era ya superlativa e incontable. Menos mal que todavía quedan personas generosas en pie o en silla de ruedas que dicen que pelillos a la mar con todo esto si a partir de ahora en todas las comunidades autónomas se reconoce, aplica y hace efectiva una asistencia personal muy necesaria para mucha gente (aparte de un puesto de trabajo, la educación inclusiva, el transporte y todo el entorno accesible, etc.).

En mi tierra, Andalucía, la cosa no pinta muy bien sin embargo. Mientras a nuestros gobernantes no les queda el recurso de decir que aquí no hay dinero para permitirse eso de la asistencia personal (en los años 2016, 2017 y 2018 nuestra queridísima junta empleó más de 340 millones de € por año en mantener y construir nuevas residencias para discapacitados; 2019 no se sabe todavía). Por mejor decir, siempre les queda ese recurso pero sabemos los que estamos un poco al tanto de esto que los que digan semejantes cosas tendrán un morro que se lo pisan) porque los gobiernos anteriores ni el actual han mejorado la cuantía económica de tal prestación ni las condiciones de acceso para el usuario y para el profesional que vaya a desempeñar este empleo.
En fin, tenemos una ley aprobada en 2006, un tratado internacional ratificado en 2008, una proposición no de ley recordándole al gobierno de “Andalucía te quiere asfixiado” que se ponga las pilas para que todos los ciudadanos andaluces estemos un poquito más orgullosos de nuestra tierra por tener una asistencia personal puntera, tenemos también un aviso de la ONU a toda la UE para mejorar la aplicación efectiva del contenido del artículo 19 de la convención, un escrito de la comisión de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad explicándole a los estados cómo debe aplicarse la asistencia personal (2018), un aviso específico a España en 2019 de que lo estamos haciendo bastante mal respecto al cumplimiento de este artículo (y otros).
Los dictados internacionales dan la razón de su descontento a los discapacitados sin lugar a dudas, pero ya sabemos que del dicho al hecho hay 500 años a la velocidad de la luz, más aún en el país de la picaresca y en la región más lujosa del mismo. Quienes nos discapacitáis sin pudor día tras día ahora tenéis la excusa perfecta del coronavirus y tal, y si no los iraquíes o los venezolanos o la pesca de las madres del salmón trufado. La penúltima burla fue cuando, hablando con el director general de discapacidad en la junta de Andalucía, pidió un poco de paciencia que ya mismo estaba listo. La otra penúltima burla fue cuando una parlamentaria andaluza presentó una batería de preguntas en “la casa de todos” sobre que había que mejorar las residencias para discapacitados. La otra penúltima burla fue cuando en el pleno del parlamento andaluz se dijo que había que esperar a lo que dijera “Madrid” para que la asistencia personal en Andalucía no fuera tan burda. Eso es como cuando le comunican a uno que han tenido que pedir un grifo a Alemania…nunca llega. ¿Será que Madrid se ha convertido en Alemania?

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