Que la ley de dependencia, aprobada allá por 2006 es una
burla y que su dotación económica y su ideología nacieron viciadas lo sabemos
mucha gente. Se podría cuestionar su constitucionalidad y quién sabe lo que
dirían los jueces, pero los discapacitados no lo hacemos porque, entre otras
razones, estamos empobrecidos. En concreto, en lo referente a asistencia
personal, algunas comunidades autónomas han mejorado sustancialmente el acceso
a esta prestación y su cuantía económica para intentar acercarse a lo que dice
la CDPD (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad),
tratado internacional de obligado cumplimiento en España y la UE desde hace más
de una decena de años. De cualquier modo, no se puede negar que el desarrollo
de esta prestación económica tan beneficiosa ha sido muy desigual en las
diferentes partes de nuestro país.
Por ejemplo, en algunos sitios puedes tener más de 2000 €
para tu asistencia personal, en otros hasta 750, pero según tus circunstancias
hasta 100 € o menos, y en otros lugares hasta 0 € lo que debe ser muy
divertido. En todo caso, ninguna comunidad autónoma ni ciudad se ajusta 100% a
lo que dice la convención al respecto del artículo 19 (en el que se enmarca la
asistencia personal). Según este tratado que hemos firmado (nos sobra tinta,
nos falta voluntad de cumplir lo comprometido) la asistencia personal se debe
prestar a cada persona según sus necesidades (que necesita 2 horas al día pues
vale, que necesita 20 horas al día pues también vale), del mismo modo que si
una persona está empleada en una oficina de 8 de la mañana a 3 de la tarde no
se le quita la silla a las 12 de la mañana por la razón más peregrina que a
cualquiera se le pueda ocurrir.
Por otro lado, para que se trate de una auténtica asistencia
personal, el pago debe ser directo al usuario y el contrato preferentemente
directo con la posibilidad de contratar mediante un grupo de apoyo llamado
oficina de vida independiente (OVI). Si esto no es así se le puede llamar un
sistema de apoyo a la persona de un tipo u otro, pero eso no es asistencia
personal propiamente dicha (habría que restar de las estadísticas oficiales
muchos números).
Entonces quedamos en que cuando Paquillo no llegaba a la
corneta, la deuda pendiente con las personas discapacitadas españolas a este
respecto era ya superlativa e incontable. Menos mal que todavía quedan personas
generosas en pie o en silla de ruedas que dicen que pelillos a la mar con todo
esto si a partir de ahora en todas las comunidades autónomas se reconoce,
aplica y hace efectiva una asistencia personal muy necesaria para mucha gente
(aparte de un puesto de trabajo, la educación inclusiva, el transporte y todo
el entorno accesible, etc.).
En mi tierra, Andalucía, la cosa no pinta muy bien sin embargo.
Mientras a nuestros gobernantes no les queda el recurso de decir que aquí no
hay dinero para permitirse eso de la asistencia personal (en los años 2016,
2017 y 2018 nuestra queridísima junta empleó más de 340 millones de € por año
en mantener y construir nuevas residencias para discapacitados; 2019 no se sabe
todavía). Por mejor decir, siempre les queda ese recurso pero sabemos los que
estamos un poco al tanto de esto que los que digan semejantes cosas tendrán un
morro que se lo pisan) porque los gobiernos anteriores ni el actual han
mejorado la cuantía económica de tal prestación ni las condiciones de acceso
para el usuario y para el profesional que vaya a desempeñar este empleo.
En fin, tenemos una ley aprobada en 2006, un tratado
internacional ratificado en 2008, una proposición no de ley recordándole al
gobierno de “Andalucía te quiere asfixiado” que se ponga las pilas para que
todos los ciudadanos andaluces estemos un poquito más orgullosos de nuestra
tierra por tener una asistencia personal puntera, tenemos también un aviso de
la ONU a toda la UE para mejorar la aplicación efectiva del contenido del
artículo 19 de la convención, un escrito de la comisión de la ONU sobre los
derechos de las personas con discapacidad explicándole a los estados cómo debe
aplicarse la asistencia personal (2018), un aviso específico a España en 2019
de que lo estamos haciendo bastante mal respecto al cumplimiento de este
artículo (y otros).
Los dictados internacionales dan la razón de su descontento
a los discapacitados sin lugar a dudas, pero ya sabemos que del dicho al hecho
hay 500 años a la velocidad de la luz, más aún en el país de la picaresca y en
la región más lujosa del mismo. Quienes nos discapacitáis sin pudor día tras
día ahora tenéis la excusa perfecta del coronavirus y tal, y si no los iraquíes
o los venezolanos o la pesca de las madres del salmón trufado. La penúltima
burla fue cuando, hablando con el director general de discapacidad en la junta
de Andalucía, pidió un poco de paciencia que ya mismo estaba listo. La otra
penúltima burla fue cuando una parlamentaria andaluza presentó una batería de
preguntas en “la casa de todos” sobre que había que mejorar las residencias
para discapacitados. La otra penúltima burla fue cuando en el pleno del
parlamento andaluz se dijo que había que esperar a lo que dijera “Madrid” para
que la asistencia personal en Andalucía no fuera tan burda. Eso es como cuando le
comunican a uno que han tenido que pedir un grifo a Alemania…nunca llega. ¿Será
que Madrid se ha convertido en Alemania?
