Tweet El Cea: 2016

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Empleo de los oprimidos por su funcionamiento

El artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, relativo al trabajo y al empleo es bastante extenso. Sobre el papel, por tanto, las personas normalmente discriminadas por nuestro funcionamiento estamos totalmente protegidas y seguras  en todos los procesos tanto de selección como de permanencia en el puesto de trabajo incluyendo los ajustes razonables necesarios para poder desempeñar nuestra tarea dignamente. Sin embargo, pecaríamos de una ingenuidad pasmosa si pensáramos  que del dicho al hecho no va un grandísimo trecho. Muchas personas han indicado con anterioridad a mí la desigualdad de oportunidades existente en este sector tan decisivo, pero  no por eso yo voy a dejar de airear tal circunstancia; creo que es mi obligación y mi responsabilidad, y espero no equivocarme demasiado en la tarea que yo mismo me he impuesto.

El éxito de  las políticas tradicionales de empleo protegido no ha sido precisamente arrollador.  Esas políticas tradicionales nos han llevado a tasas muy bajas de empleo haciendo poco caso de las recomendaciones y mandatos establecidos por la mencionada Convención. Nuestras actuaciones se basan fundamentalmente en la construcción masiva de centros especiales de empleo, con lo que habría que preguntarse sobre la importancia y la utilidad de las tradiciones en general.

Y es que tenemos una idea muy rara sobre las tradiciones y costumbres que practicamos por el mero hecho de ser ancestrales. Nunca pensamos en que algunas son nocivas para nosotros y producen estancamiento en nuestra situación. Saliéndome del camino establecido, este es el caso de los matrimonios forzados infantiles de la India en los que niñas de 7 o 9 años son forzadas por sus padres a contraer matrimonio y mantener relaciones sexuales con adultos amparándose en tradiciones religiosas “antiquísimas”. Se cometen, en consecuencia, agresiones aberrantes y actos muy violentos sobre niñas que corren peligro claro de muerte. No me puedo imaginar que se realicen bajo la justificación de una vieja y ancestral costumbre religiosa.

Salvando las distancias aquí hemos llevado a cabo similares acciones de cierta repercusión. Al contrario de lo marcado por el Tratado internacional, en España siempre hemos optado por ir a lo cómodo, fácil y lucrativo incluso sin tener en cuenta los derechos legítimos de los trabajadores. Medidas como el fomento del autoempleo, la formación y habilitación, la accesibilidad, los ajustes razonables y, en general, aquellas destinadas al trabajo en ámbitos abiertos y regulares no se han efectuado con la suficiente energía, impidiéndonos llevar a cabo trabajos decentes con perspectivas de mejora al tiempo que algunos pocos se han enriquecido a nuestra costa.

Entre otras muchas cosas, brillan por su ausencia los centros regulares y ordinarios de trabajo con presencia relevante de personas discriminadas por nuestro funcionamiento.

Resulta inimaginable considerar seriamente la existencia generalizada de centros especiales de empleo para personas mayores de 55 años, para mujeres o para personas inmigrantes sin perspectiva alguna de inclusión en el mercado laboral corriente. La independencia de sus vidas quedaría en entredicho y no les faltaría razón a quienes criticaran este modo de contratación.

Sin duda y con razón el escándalo estaría servido. La mera existencia de tales lugares generaría una insoportable sensación de estupor. Los testigos y todos los demás nos echaríamos a las calles para protestar por esas indeseables situaciones. Si no mostrásemos en masa nuestro enfado, al menos gesticularíamos con vehemencia en la privacidad de la barra del bar de nuestro barrio. Salvo excepciones que sólo sirven para confirmar la regla, estos sitios no cumplen los mínimos requisitos exigibles para trabajar. La justificación no puede ser que un empleo es un empleo. En este siglo y para otros colectivos esa excusa no sirve. Tampoco nosotros la debemos aceptar.


Lo anteriormente tratado me lleva a pensar en la función de los sindicatos. Y me pregunto si por omisión o por acción estarán fallando o si hemos llegado a un destino ineludible. Yo quiero pensar que aún no hemos llegado a puerto, y me interrogo por la utilidad de su existencia tanto si no pueden actuar en casos como estos como si no quieren hacerlo. Cualquier respuesta que encuentro no es muy favorable a su labor. Finalmente recuerdo alguna escena de “Solo ante el peligro” y tiemblo.

viernes, 13 de mayo de 2016

La guerra que nadie admite que existe, pero que existe


El miércoles se realizó una jornada sobre asistencia personal en Jaén auspiciada por PREDIF. Aquí en Andalucía se llama CODISA PREDIF, pero es lo mismo. A esa jornada sobre la gestión de una OVI acudimos por parte de ASPAYM Madrid Javier Arroyo, por parte de ECOM Jason Galarraga, y por parte de VI Andalucía,  representando a FEVI, César Giménez. También fue mucha otra gente a exponer sus diferentes puntos de vista. Yo destaco, por encima de las demás, la magnífica exposición del profesor Antonio Iañez de la Universidad Pablo de Olavide.

Aparte de las consabidas y habituales ausencias (Gonzalo Rivas entre otros) la función fue la habitual cansina sucesión de ponencias sobre un derecho totalmente desconocido en esa ciudad andaluza. El evento se dirigía principalmente a trabajadores sociales, pero fue notable la presencia también de personas con diversidad funcional, lo que es de agradecer. Resulta agradable dar a conocer a personas también discriminadas por su funcionamiento sus derechos, aunque los ponentes muestren algunas diferencias entre la manera de gestionar un derecho en un lugar o en otro.

Una pequeña conclusión que yo saco de este día es que resulta notoria la baja prioridad que ocupa la asistencia personal en la agenda política, pero eso es una reflexión personal. Creo que no me equivoco demasiado al decir que no se trata en ningún caso de desconocimiento por parte de las diferentes administraciones, tampoco pueden defenderse con el pretexto tan manido de la crisis económica.

Los diferentes proyectos y programas que han surgido y se han asentado en nuestra geografía muestran unánimemente que al ejercer nuestro derecho a la asistencia personal se vive mejor, aumenta nuestra calidad de vida, la de las personas nos rodean, y además el estado o gobierno de turno se ahorra unos necesarios dinerillos. Es mi opinión que ha llegado el momento de abandonar la política (graciable) de diferentes proyectos, programas, subvenciones, etc. y dar lugar  a que la asistencia personal se convierta en la norma general en todo el estado basándose en las necesidades del “usuario” y no en su “grado de dependencia”.

Parece superfluo contar aquí el ninguneo al que viene siendo sujeta la prestación por asistencia personal en toda España. Tuvo que llegar la debacle económica española, europea y mundial para que las propias entidades del sector se dieran cuenta de que la solución a nuestros problemas de vida no puede proceder del internamiento en centros residenciales. En ellos, más que vivir se puede sobrevivir. La sustitución por un sistema digno y suficiente del apoyo de la asistencia personal autogestionada para conseguir alcanzar la vida independiente que se recoge en el artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  queda patente tras una labor ingente de un grupo muy reducido de personas.

El problema, que no es tal, gira en torno a que la asistencia personal no es monopolio ni del foro, ni de la FEVI, ni de nadie. El problema, que sí es tal, es que en estos momentos hay entidades muy potentes dentro del sector que intentan utilizar su posición dominante para monopolizar un servicio y un derecho que pertenece sola y exclusivamente al individuo. Por todos nuestros medios hay que evitar que las diferentes asociaciones se apropien indebidamente de un derecho de todas las personas con necesidad de ese apoyo. Desde FEVI, vemos que esa apropiación indebida se está comenzando a fraguar, dejando de lado y pervirtiendo los principios del Movimiento de Vida Independiente.

Por tanto, debemos aunar nuestras fuerzas en permitir que la libertad de elección y control sea, en efecto, una realidad. Todo lo que se aleje de los principios del MVI son personalismos y una competitividad contra la que siempre nos hemos posicionado. Ha costado mucho sacrificio y esfuerzo ganar la primera batalla, sólo si persistimos en respetar los ejes establecidos en relación con la asistencia personal conseguiremos vencer la guerra que nos han declarado.