Disability Rights International y la Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala obtienen una orden de
reparación inmediata
Washington, DC -28 de noviembre de 2012- La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), anunció su decisión sobre una “petición de
medidas cautelares” urgente, presentada por Disability Rights
International (DRI) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala (ODHAG), en representación de más de 300 niños y adultos
internados en el Hospital Federico Mora, principal centro psiquiátrico
de la Ciudad de Guatemala, compuesto por un conjunto de pabellones
dilapidados, y que se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad junto
a un centro penitenciario.
DRI documentó abusos que ponen en riesgo la vida de niños y adultos
en la institución, así como trata de mujeres con fines sexuales. El
riesgo de abuso físico y sexual es tan alto que a los menores de nuevo
ingreso los mantienen en cuartos de aislamiento, y a las mujeres
adultas, encerradas en pabellones. Las muertes en los cuartos de
aislamiento son comunes, y debido a que a los pacientes se les niega
atención médica, éstos mueren a causa de enfermedades de sencillo
tratamiento. Hay una exposición generalizada al VIH, y resulta imposible
proteger a las personas que ingresan a la institución de que se
contagien de este virus debido al alto nivel de abuso sexual dentro de
la misma.
Los custodios armados que han sido puestos en la institución para
vigilar a los “pacientes forenses,” caminan libremente por las
instalaciones y –de acuerdo con el personal del hospital y los
pacientes–, son los principales perpetradores de abusos y violencia. El
Hospital Federico Mora alberga a personas con discapacidad intelectual y
psiquiátrica, muchas de las cuales han sido abandonadas por el resto de
sus vidas.
“Esta es una institución inherentemente peligrosa y no debería
permitirse el ingreso de nuevas personas a la misma”, señala Eric
Rosenthal, Director Ejecutivo de DRI. “No es un lugar seguro para las
personas con discapacidad mental ni para alguna otra. Todas las personas
en esta institución podrían ser trasladadas de inmediato a lugares
seguros en la comunidad, empezando por los niños y mujeres, que son
quienes se encuentran en mayor riesgo.”
“Hemos encontrado un clima de terror. Incluso las autoridades del
hospital tienen miedo de su propio personal. Al respecto, refirieron que
por temor a perder sus vidas o a ser amenazados, no pueden despedir a
miembros del personal de quienes saben que cometen abusos debido a que
algunos de éstos tienen vínculos con grupos del crimen organizado, tales
omo la Mara Salvatrucha,” observó Sofía Galván, abogada e investigadora de DRI.
“Ante la negativa del Estado de proteger la dignidad inherente de las
personas internadas en el hospital, el otorgamiento de las medidas
cautelares por parte de la CIDH constituye un gran avance, ofreciendo
con ello, protección contra los abusos constantes de los que son
víctimas,” dijo Francisco Urízar Pérez, Director Jurídico de la ODHAG.
“Asimismo, esperamos que el trabajo conjunto que podamos realizar con
las autoridades de los Ministerios correspondientes redunde en un
beneficio palpable para las personas internadas.”
La Comisión Interamericana solicitó al gobierno guatemalteco el
adoptar “[m]edidas de prevención inmediatas orientadas a que todos los
pacientes, en particular mujeres y niños, no sean objeto de actos de
violencia física, psicológica y sexual, por parte de otros internos,
agentes de seguridad y funcionarios del hospital.”
“Esta decisión es de gran importancia para las personas internadas en
instituciones en las Américas, ya que pone a los gobiernos sobre aviso
de que no resulta aceptable segregar a niños y adultos con discapacidad
en instituciones, y exponerlos a graves peligros. Guatemala tiene la
obligación internacional de respetar y garantizar los derechos de estas
personas,” refirió el Director Ejecutivo de DRI, Eric Rosenthal.
“Vamos a enviar una delegación a Guatemala para negociar un acuerdo,”
añadió Rosenthal. “Nos gustaría ver que el gobierno establezca
alternativas a esta institución para las personas con discapacidad.
Guatemala ha ratificado la nueva Convención de la ONU sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual reconoce el derecho de
todas las personas con discapacidad a ser parte de la sociedad.” Fuente: DPI
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
