Residencias

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El mapa del mundo está lleno de residencias para mayores. También se encuentran en él multitud de residencias para personas con diversidad funcional, en unos países esto ocurre más que en otros, en el nuestro hay muchas. Incluso una está situada en la Comunidad Valenciana, ¡menuda sorpresa!

No llegó a ser noticia, quizás por rutina, el que cinco personas con diversidad funcional por trastornos en la salud mental sufrieran maltratos en repetidas ocasiones por dos trabajadoras, en su momento, del mismo centro.

En esa residencia de la ciudad de L’Eliana las dos cuidadoras, según la agencia Europa Press, “han aceptado en el juzgado de lo penal nº 3 de Valencia cumplir una pena de dos años y medio en prisión por maltratar a cinco internos durante los años 2003 y 2004.”

Pero a lo mejor conviene preguntarse en qué consistían esos maltratos o vejaciones. En pocas palabras hay que decir que les hacían ayunar, vaya, que estaban a dieta permanente, o dicho de otro modo, que con frecuencia les negaban la comida. Por otro lado, les pegaban con un bate de baseball si se portaban mal. También les hacían limpiar sus propios excrementos y en repetidas ocasiones les encerraban en un lugar que ellas mismas denominaban con originalidad el ‘zulo’, puede que porque realmente era un zulo.

Especialmente las encerraban cuando venía la inspección de la Dirección General de Integración Social de la Discapacidad, la cual no se percataba de que faltaban cinco personas porque estarían por ahí de parranda. Este caso muestra que lo supuestamente excepcional no lo es tanto, ya que situaciones similares se repiten continuamente.

Lo novedoso es denunciar y que el asunto haya llegado al juzgado. No sólo eso, sino que la supuesta cuidadora y ya ex empleada del centro de reclusión haya sido condenada junto con su ex jefa. Pero es irrisorio el lugar del que procede la denuncia. Y es que proviene de una cuestión meramente monetaria. Al producirse un cambio en la gerencia de la residencia, la misma codiciosa trabajadora se quejó de que los nuevos propietarios no le pagaban el sueldo que le debían desde hacía varios meses y que ascendía a 1.800 euros.

La idea de que hay igualdad ante la justicia es una pura quimera. Las rebajas pronto llegaron, y no por parte de un supuesto enemigo, sino por el propio Ministerio Fiscal, ya que la pena quedó rebajada de diez años de prisión a dos años y medio meramente por tratarse de personas con diversidad funcional.

Según la agencia de noticias, “la rebaja de la pena se debe fundamentalmente, a la condición de las víctimas, ya que al tratarse de personas con discapacidad, el Ministerio Fiscal –a pesar de dar total credibilidad a los hechos denunciados- dudaba de que pudieran tener un testimonio sólido si se hubiera celebrado un juicio. Así, ha preferido conformarse y rebajar la pena considerablemente.”

La desigualdad de los ciudadanos ante la justicia sí parece totalmente noticiable. Eso sí que es una gran noticia digna de ser denunciada