Empleo de los oprimidos por su funcionamiento

El artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, relativo al trabajo y al empleo es bastante extenso. Sobre el papel, por tanto, las personas normalmente discriminadas por nuestro funcionamiento estamos totalmente protegidas y seguras  en todos los procesos tanto de selección como de permanencia en el puesto de trabajo incluyendo los ajustes razonables necesarios para poder desempeñar nuestra tarea dignamente. Sin embargo, pecaríamos de una ingenuidad pasmosa si pensáramos  que del dicho al hecho no va un grandísimo trecho. Muchas personas han indicado con anterioridad a mí la desigualdad de oportunidades existente en este sector tan decisivo, pero  no por eso yo voy a dejar de airear tal circunstancia; creo que es mi obligación y mi responsabilidad, y espero no equivocarme demasiado en la tarea que yo mismo me he impuesto.

El éxito de  las políticas tradicionales de empleo protegido no ha sido precisamente arrollador.  Esas políticas tradicionales nos han llevado a tasas muy bajas de empleo haciendo poco caso de las recomendaciones y mandatos establecidos por la mencionada Convención. Nuestras actuaciones se basan fundamentalmente en la construcción masiva de centros especiales de empleo, con lo que habría que preguntarse sobre la importancia y la utilidad de las tradiciones en general.

Y es que tenemos una idea muy rara sobre las tradiciones y costumbres que practicamos por el mero hecho de ser ancestrales. Nunca pensamos en que algunas son nocivas para nosotros y producen estancamiento en nuestra situación. Saliéndome del camino establecido, este es el caso de los matrimonios forzados infantiles de la India en los que niñas de 7 o 9 años son forzadas por sus padres a contraer matrimonio y mantener relaciones sexuales con adultos amparándose en tradiciones religiosas “antiquísimas”. Se cometen, en consecuencia, agresiones aberrantes y actos muy violentos sobre niñas que corren peligro claro de muerte. No me puedo imaginar que se realicen bajo la justificación de una vieja y ancestral costumbre religiosa.

Salvando las distancias aquí hemos llevado a cabo similares acciones de cierta repercusión. Al contrario de lo marcado por el Tratado internacional, en España siempre hemos optado por ir a lo cómodo, fácil y lucrativo incluso sin tener en cuenta los derechos legítimos de los trabajadores. Medidas como el fomento del autoempleo, la formación y habilitación, la accesibilidad, los ajustes razonables y, en general, aquellas destinadas al trabajo en ámbitos abiertos y regulares no se han efectuado con la suficiente energía, impidiéndonos llevar a cabo trabajos decentes con perspectivas de mejora al tiempo que algunos pocos se han enriquecido a nuestra costa.

Entre otras muchas cosas, brillan por su ausencia los centros regulares y ordinarios de trabajo con presencia relevante de personas discriminadas por nuestro funcionamiento.

Resulta inimaginable considerar seriamente la existencia generalizada de centros especiales de empleo para personas mayores de 55 años, para mujeres o para personas inmigrantes sin perspectiva alguna de inclusión en el mercado laboral corriente. La independencia de sus vidas quedaría en entredicho y no les faltaría razón a quienes criticaran este modo de contratación.

Sin duda y con razón el escándalo estaría servido. La mera existencia de tales lugares generaría una insoportable sensación de estupor. Los testigos y todos los demás nos echaríamos a las calles para protestar por esas indeseables situaciones. Si no mostrásemos en masa nuestro enfado, al menos gesticularíamos con vehemencia en la privacidad de la barra del bar de nuestro barrio. Salvo excepciones que sólo sirven para confirmar la regla, estos sitios no cumplen los mínimos requisitos exigibles para trabajar. La justificación no puede ser que un empleo es un empleo. En este siglo y para otros colectivos esa excusa no sirve. Tampoco nosotros la debemos aceptar.

Lo anteriormente tratado me lleva a pensar en la función de los sindicatos. Y me pregunto si por omisión o por acción estarán fallando o si hemos llegado a un destino ineludible. Yo quiero pensar que aún no hemos llegado a puerto, y me interrogo por la utilidad de su existencia tanto si no pueden actuar en casos como estos como si no quieren hacerlo. Cualquier respuesta que encuentro no es muy favorable a su labor. Finalmente recuerdo alguna escena de “Solo ante el peligro” y tiemblo.

La guerra que nadie admite que existe, pero que existe

El miércoles se realizó una jornada sobre asistencia personal en Jaén auspiciada por PREDIF. Aquí en Andalucía se llama CODISA PREDIF, pero es lo mismo. A esa jornada sobre la gestión de una OVI acudimos por parte de ASPAYM Madrid Javier Arroyo, por parte de ECOM Jason Galarraga, y por parte de VI Andalucía,  representando a FEVI, César Giménez. También fue mucha otra gente a exponer sus diferentes puntos de vista. Yo destaco, por encima de las demás, la magnífica exposición del profesor Antonio Iañez de la Universidad Pablo de Olavide.

Aparte de las consabidas y habituales ausencias (Gonzalo Rivas entre otros) la función fue la habitual cansina sucesión de ponencias sobre un derecho totalmente desconocido en esa ciudad andaluza. El evento se dirigía principalmente a trabajadores sociales, pero fue notable la presencia también de personas con diversidad funcional, lo que es de agradecer. Resulta agradable dar a conocer a personas también discriminadas por su funcionamiento sus derechos, aunque los ponentes muestren algunas diferencias entre la manera de gestionar un derecho en un lugar o en otro.

Una pequeña conclusión que yo saco de este día es que resulta notoria la baja prioridad que ocupa la asistencia personal en la agenda política, pero eso es una reflexión personal. Creo que no me equivoco demasiado al decir que no se trata en ningún caso de desconocimiento por parte de las diferentes administraciones, tampoco pueden defenderse con el pretexto tan manido de la crisis económica.

Los diferentes proyectos y programas que han surgido y se han asentado en nuestra geografía muestran unánimemente que al ejercer nuestro derecho a la asistencia personal se vive mejor, aumenta nuestra calidad de vida, la de las personas nos rodean, y además el estado o gobierno de turno se ahorra unos necesarios dinerillos. Es mi opinión que ha llegado el momento de abandonar la política (graciable) de diferentes proyectos, programas, subvenciones, etc. y dar lugar  a que la asistencia personal se convierta en la norma general en todo el estado basándose en las necesidades del “usuario” y no en su “grado de dependencia”.

Parece superfluo contar aquí el ninguneo al que viene siendo sujeta la prestación por asistencia personal en toda España. Tuvo que llegar la debacle económica española, europea y mundial para que las propias entidades del sector se dieran cuenta de que la solución a nuestros problemas de vida no puede proceder del internamiento en centros residenciales. En ellos, más que vivir se puede sobrevivir. La sustitución por un sistema digno y suficiente del apoyo de la asistencia personal autogestionada para conseguir alcanzar la vida independiente que se recoge en el artículo 19 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  queda patente tras una labor ingente de un grupo muy reducido de personas.

El problema, que no es tal, gira en torno a que la asistencia personal no es monopolio ni del foro, ni de la FEVI, ni de nadie. El problema, que sí es tal, es que en estos momentos hay entidades muy potentes dentro del sector que intentan utilizar su posición dominante para monopolizar un servicio y un derecho que pertenece sola y exclusivamente al individuo. Por todos nuestros medios hay que evitar que las diferentes asociaciones se apropien indebidamente de un derecho de todas las personas con necesidad de ese apoyo. Desde FEVI, vemos que esa apropiación indebida se está comenzando a fraguar, dejando de lado y pervirtiendo los principios del Movimiento de Vida Independiente.

Por tanto, debemos aunar nuestras fuerzas en permitir que la libertad de elección y control sea, en efecto, una realidad. Todo lo que se aleje de los principios del MVI son personalismos y una competitividad contra la que siempre nos hemos posicionado. Ha costado mucho sacrificio y esfuerzo ganar la primera batalla, sólo si persistimos en respetar los ejes establecidos en relación con la asistencia personal conseguiremos vencer la guerra que nos han declarado.

Ideas para mejorar Málaga

Esta es una breve e incompleta aportación de César en el ámbito de la movilidad y la accesibilidad ante los próximos comicios a celebrar en Málaga.

Mi único medio de hacer llegar estas reflexiones a los partidos políticos son las redes sociales y mi blog personal. Así que iré al grano no si antes aclarar que mis ideas están francamente subdesarrolladas y en un desorden bastante típico de mi persona.

Me llama la atención que la última ordenanza de accesibilidad para Málaga date de 2004. Algunas leyes han aparecido desde entonces que deben incorporarse a la ordenanza. Pero la inexistencia de una ordenanza no es tan grave como la falta de un plan estratégico global sobre accesibilidad. Dicho plan estratégico daría cierto orden y concierto a las innegables actuaciones de la autoridad local.

En este mismo sentido, pero en el área de movilidad –estrechamente vinculada a la accesibilidad- resulta incomprensible la errática política de acumulación de carriles bici  en ciertos lugares. Extraña más todavía la acumulación de carriles bici, líneas de autobús, metro y construcción de aparcamientos públicos. El ciudadano malagueño no tiene claro lo que se está fomentando de este el ayuntamiento. Se pregunta si la apuesta se decanta por el transporte privado, público, motorizado o sin motorizar.

Por abundar más en el asunto de los carriles bici, se sitúan  en lugares del extrarradio de la ciudad en su mayoría. Bien es verdad  que también existen en sitios céntricos y más “antiguos”.  Sin embargo, no parece lícita la convivencia de la circulación simultánea y en  el mismo lugar  de dichos vehículos y peatones. Esto supone un innegable peligro para ambas partes. Veo la necesidad de de hacer cumplir a vehículos motorizados y a bicicletas el actual código de circulación.

Pero la llave que tiene el ayuntamiento para hacer cumplir la legislación tanto en lo referente a movilidad como a accesibilidad son la inspección, la sanción, y el poder emitir o denegar licencias.  Son necesarias revisiones regulares de edificios, comercios, calles, vehículos de todo tipo (pienso en el taxi) para otorgarles la posibilidad de abrir y mantenerse en funcionamiento para el público.  No hay que tener miedo ni complejos para sancionar a quien no cumpla las normas establecidas por diferentes leyes, haciendo oídos sordos a quienes hablen de un supuesto afán recaudatorio o confiscatorio por parte de la autoridad local.

Hasta llegar a tomar dichas medidas sin riesgo para las fuerzas de seguridad, hay que tener bien barrida la propia casa de uno. Me refiero a que, por ejemplo, nadie pueda echarle en cara al municipio que tal calle no está debidamente dotada de un rebaje con cota cero.

Algún apunte más  señala la prioridad de  señalar correctamente los mapas de la ciudad, tanto para personas con baja visibilidad, ciegas, extranjeras, o con necesidad de iconos. También se aprecia la impericia a la hora de informar a las personas ciegas en los medios de transportes urbanos e interurbanos. Una ciudad que aspira a ser la capital europea de accesibilidad y un referente cultural para el país no puede permitirse carecer de más de una biblioteca pública en el distrito 1, y que la que existe no sea plenamente accesible (calle Ollerías).  Aunque los baches en pasos de peatones como el que va desde la plaza de la Marina al paseo del Parque me resulten sumamente incómodos y evitables, en caso de que favorezcan a alguien,  este estilo de paso de peatones se debería generalizar.  Ciertamente favorecería a las personas  ciegas y con baja visibilidad un cambio general de pavimento y color del mismo.

Gracias por atender estas reflexiones. Suerte en los comicios.

foto ara

Comunicado de la Familia López Reduello en relación con el comentario aparecido en prensa

Me entero con vergüenza de lo que me cuenta mi hija, que está en ese colegio. Me dice que los compañeros de clase de la niña la tienen calada perfectamente y saben lo que hay que hacer para provocarle una crisis "y que monte un pollo para no dar clase" y me cuenta que dicen que "luego, si haces que te empuje o te insulte o algo, la regañan más y se pone peor y se monta más todavía y no se da clase." De piedra me he quedado y no paro de pensar en la familia de esa niña y lo ciegos que hemos estado los demás padres.

De ser cierto lo expuesto en el comentario y ante la gravedad de los hechos, Queremos agradecer primero su valentía a la persona que lo emite y felicitarle por el hecho de que su hija es capaz de identificar el bien del mal en esta situación y el beneficio para todos los niños y las niñas de que esta circunstancia salga a la luz y se pueda actuar en consecuencia.

En este hecho, que será debidamente tratado por los cauces apropiados, nuestra inquietud está ahora en la infancia. ROGAMOS ENCARECIDAMENTE QUE NO SE SEÑALE NI CULPABILICE POR PARTE DE NADIE A LOS NIÑOS Y A LAS NIÑAS MÁS ALLA DE LOS HECHOS EXPUESTOS POR ESTE VALIENTE LECTOR. NO QUEREMOS NI APROBAMOS COMENTARIOS ADICIONALES ACERCA DE LA MÁS MÍNIMA RESPONSABILIDAD FINAL DE UN NIÑO O UNA NIÑA EN ESTE ASUNTO. HAY QUE PROTEGER A LA INFANCIA. El lector que comenta expone un hecho con valentía, y nuestra lectura es que el responsable de esta presunta situación de bulliing, de confirmarse, desde luego no son los niños de 9-10 años, Sino quienes les han educado así y han permitido este ambiente tóxico para la infancia.

Desde nuestra postura han sido presuntamente expuestos a una dinámica de segregación, exclusión y dejadez en el centro escolar que han interiorizado y que ha llegado al seno de familias capaces de orquestar una huelga con ellos. Se dice que "Los niños nos aprenden a nosotros" y desde nuestra postura han aprendido de los adultos a la vista de las situaciones a las que han estado expuestos a retirar de su compañera el atributo de compañera y niña para convertirla en un instrumento. Todo esto ha sido puesto en conocimiento de la Justicia y es ella la que debe decidir. Sin olvidar que las labores de "mediación" en "intervención " están siendo realizadas por la misma administración que ha permitido esta situación, esperamos de los profesionales que están con ellos que presten la debida atención a esta terrible circunstancia.

El peligroso estigma de las etiquetas

Estos últimos días y semanas me ha estado acosando la idea de que los espacios y entornos en los que nos desenvolvemos han ido menguando a lo largo de los años. Ello ha traído unas consecuencias inesperadas.  Y estoy pensando en los lugares en los que jugaba la generación anterior a la mía, la mía propia, y la de nuestros descendientes. Ocurre que creo que ello ha repercutido de una manera importante en nuestro gasto de energía y en la atención que le podemos prestar a diferentes asuntos.

Así, por ejemplo, muchas veces les he escuchado a mis mayores que iban a jugar a cualquier sitio del pueblo y las afueras, sin vigilancia alguna por parte de sus padres. En mi época infantil, la pandilla bajaba al patio de la casa a jugar al futbol y al baloncesto, al pilla pilla y a lo que fuera, y de vez en cuando, los más imprudentes íbamos a los edificios aledaños (en un tiempo en el que extrañamente muchos hoteles se incendiaron) a trastear en piscinas vacías o investigar interiores tiznados. Años después, observo a los hijos de mis hermanos, vecinos, y amigos varios jugar en su propio domicilio o en el exterior pero siempre bajo la atenta mirada  de sus progenitores. 

A mi modesto entender, sin ser psicólogo ni pedagogo, esta transformación ha sucedido por un par de razones. Mucho tiene que ver el diseño de nuestros pueblos y ciudades que favorece la proliferación de vehículos motorizados (coches). También hay que señalar la enorme sensación de falta de seguridad producida por estos vehículos y por personajes de diversa calaña que ponen en guardia a los padres de los niños, favoreciendo una protección que muchos calificaremos de excesiva. Pero reconozco que lo anteriormente dicho se pronuncia por alguien que lo ve todo desde fuera. 

Antes de proseguir quiero puntualizar que me referiré a chicos en edades anteriores a la pubertad, una preadolescencia en la que se suma el consumismo imperante con un afán de compra casi compulsiva desconocida hasta ahora. Pero ese es otro cantar que poco tiene que ver con el que estoy tratando en estas líneas.  

Hecho este inciso, debe quedar claro que es mi sospecha que el déficit de atención y la hiperactividad infantil en edades tempranas son en parte producto de esta sobreprotección paternal. Las consecuencias en el entorno familiar, en la escuela y en la sociedad en general son patentes. Sin duda, otros factores influyen en trastornos y supuestos trastornos de nuestros niños, como pueden ser la alimentación, la contaminación ambiental, la falta de conciliación familiar y laboral que lleva a un tardío nacimiento de bebés, y más. 

Volviendo al asunto que llevamos entre manos, en muchas ocasiones diagnosticar y poner una “etiqueta” a estos niños por parte de sus padres y de la comunidad educativa les da una seguridad aparente justificando un trato diferenciado hacia ellos y determinando tratamientos pseudo-terapéuticos con el único propósito de pretender favorecer el mejor interés del niño. 

Como acabo de indicar, etiquetar es cómodo, sencillo y una tendencia irrefrenable por parte de los mayores. Sin embargo, estos actos de etiquetado pueden acarrear consecuencias estigmatizantes de un calibre desconocido, o más bien conocido para quienes consideramos que convivir con un estigma resulta complicado y dañino. 

Lo que nunca hay que hacer es rebajar las expectativas depositadas en nuestros jóvenes  por causa del etiquetado, y no hay que cargar excesivamente de trabajo al niño, sin olvidar que la tarea principal de un menor es, precisamente y hasta la extenuación, el juego. Lo raro sería encontrar un niño que no se hartara de hacer gamberradas o trastadas ni de ser un travieso.

El CERMI vuelve a intentar sacar pecho

Partamos de la idea de que no voy a apoyar la segregación o exclusión de personas de las corrientes generales de la sociedad motivada por su funcionamiento.

Del mismo modo, me opongo a cualquier copago en relación a la promoción de la vida independiente.

A ello se suma que, tras mucho lenguaje barroco y enrevesado, la proposición del CERMI se limita a pretender cambiar tres epígrafes de dos artículos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

De ese modo, al 14.7 pretende que se le añadan dos frases para que quede 'a los efectos de esta Ley, la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de las personas beneficiarias se determinarán, en la forma que reglamentariamente se establezca…, en atención a la renta y el patrimonio del solicitante. En la consideración de la renta y del patrimonio se tendrán en cuenta la edad, el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria, así como el tipo de servicio que se presta’.

En cuanto al artículo 33.1, a su juicio se le debería añadir una palabra para enmendarlo. Según el CERMI, mejor que lea 'Los beneficiarios… participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y exclusivamente su capacidad económica personal'.

Por último, se quiere redactar el artículo 33.3 así: 'el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fijará los criterios para la aplicación de lo previsto en este artículo, que serán desarrollados en los Convenios a que se refiere el artículo 10.

Para fijar la participación del beneficiario, se tendrán en cuenta factores como la edad, el momento de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona, así como la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros.

Quedarán exentos de participación en el coste de las prestaciones aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En ningún caso, la participación del beneficiario en el coste de los servicios superará el 60 por ciento respecto al precio de referencia que se haya establecido para los mismos.

La participación en el coste de los servicios deberá garantizar a la persona beneficiaria al menos una cantidad mínima para gastos personales que será del 40 por ciento del IPREM correspondiente.’

Creo que movilizar a 500.000 personas para adherirse a este documento es una tomadura de pelo porque el mismo no supone un cambio sustancial a un copago que ya hemos rechazado. Me parece mucho ruido y pocas nueces. No recomiendo firmar un texto tan blando como ñoño.

Este antiguo documento es de imprescindible lectura para entender esta postura: http://www.forovidaindependiente.org/files/documentos/pdf/NO%20AL%20COPAGO%20POR%20UN%20DERECHO%20UNIVERSAL.pdf