http://www.derechoshumanosya.org/node/1036
Ojalá estuviéramos leyendo una obra de ficción como aquella que comenzaba: “En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...”. Efectivamente, se trata de la obra cumbre de D. Miguel de Cervantes,”El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de La Mancha”. Y por supuesto nos encontramos en esa tierra ante un hecho que hay que calificar de quijotesco porque en un pueblo llamado Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real ha sido donde han acaecido los siguientes e indecentes hechos. La historia se puede resumir en pocas palabras: Martín creía que no tenía amigos, y cometió el error de buscarlos en el sitio equivocado. Las malas personas se hallan con facilidad en pueblos como éste, de menos de 10.000 habitantes, aquí suponen un mayor peligro que en ciudades de 100.000, en las que encuentran escondrijo con mayor facilidad.
Pero lo sucedido tiene dos caras. La parte buena es que actos de violencia contra el más débil, como este, se denuncian cada vez con más frecuencia y que a su vez empiezan a tener una repercusión, si bien moderada, en los medios. Bastaron un artículo en el diario El mundo y unos minutos dedicados al asunto en un programa de Onda Cero para que el tema tuviera mayor presencia en la sociedad española. A los pocos días se había abierto incluso un grupo en una conocida red social, que se denominaba “yo también soy Martín”.
Por otro lado, lo malo es la propia existencia de hechos como éste. También es negativa la lentitud demostrada por la justicia y que precisamente sea en el ámbito rural donde acontecen con mayor frecuencia este tipo de sucesos, por lo que el pueblo se empieza a convertir para las personas con diversidad funcional, más que en un refugio, en una prisión.
Lo peor de todo es la escasa reacción de los poderes públicos. Hay que lamentar que las autoridades, tanto locales, autonómicas y nacionales apenas reaccionaran.
Positivo es el hecho de que la población, no solamente del pueblo, sino de toda la nación haya mostrado su cariño hacia el joven. Se aprecia un comienzo de sensibilización de la ciudadanía hacia este colectivo discriminado. Hay que destacar el intento frustrado de suicidio por parte de Martín que se intentó quemar con gasolina, pero ahí estaba su madre María del Mar para impedir que se consumara el hecho que hubiera resultado fatal.
Las secuelas físicas vuelan levemente comparadas con las secuelas psicológicas que en ese caso resultan más profundas, dañinas y duraderas. El vivir en el ámbito rural empieza a ser una amenaza continua para una persona de estas características, máxime cuando la orden de alejamiento esperada se olvida de los agresores. Estos días Martín y su familia han tenido prácticamente que huir a un lugar de Alicante a pasar tranquilos las vacaciones de Navidad, en lugar de que una orden de alejamiento fuera dictada contra los agresores.
La rotura y avería de la motocicleta que poseía la persona de la que hablamos no es ninguna broma, tampoco significa una inocentada agredir físicamente al muchacho y menos aún lo es bajarle los pantalones y colgar su imagen desnudo en otra red social supuestamente dirigida a jóvenes y niños. Todo ello ha llevado a que tras regresar al pueblo, con nueva paliza incluida, los padres de la criatura estén realmente desesperados, hasta el punto de que pidan ayuda de donde proceda.
Todo ello demuestra la necesidad de que exista un seguimiento tanto por parte de las administraciones responsables como de los medios de comunicación que tienen que ser más conscientes cada día de la importancia que tienen dentro de la sociedad en la que vivimos.
domingo, 9 de enero de 2011
jueves, 6 de enero de 2011
miércoles, 22 de diciembre de 2010
El TSJC admite a trámite el recurso por vulneración de derechos fundamentales contra la regulación de la asistencia personal
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite el recurso presentado por SOLCOM por vulneración de derechos fundamentales contra la orden de la Generalitat que regula la asistencia personal en Cataluña. La norma recurrida establece unas cuantías máximas para contratar asistencia personal que ni siquiera son suficientes para cubrir las horas dedicadas a la mera supervivencia, menos aún para desempeñar un trabajo, estudiar o participar en la vida comunitaria, social y cívica.
No se trata de una cuestión de insuficiencia presupuestaria, ya que según la memoria económica de la Cartera de Servicios 2010-11 la Administración invierte una media de 3.231 €/mes en internar en una residencia a una persona con diversidad funcional física (3.600 €/mes en casos de diversidad psíquica), mientras que el tope establecido para contratar asistencia personal es de 1.300 €/mes. Esto coarta la libertad de las personas con diversidad funcional para elegir dónde quieren vivir, y se favorece un modelo de segregación que impide un ejercicio pleno de los derechos humanos.
SOLCOM recuerda que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece en su artículo 19 el derecho a la vida independiente y la obligación de los Estados de proporcionar la asistencia personal necesaria para hacerlo efectivo. Este tratado internacional de derechos humanos es de obligado cumplimiento en España desde su entrada en vigor en el orden internacional, mayo de 2008, y tiene primacía sobre cualquier legislación o normativa interna.
Además de promover la institucionalización de las personas con diversidad funcional, la orden recurrida discrimina a los menores de 16 años y a los mayores de 64, así como a las personas con diversidad intelectual, mental o psíquica, impidiéndoles el acceso a la asistencia personal. También se imposibilita la igualdad de oportunidades de quienes elijan hacer vida independiente con el apoyo de la asistencia personal, al empobrecerles imponiendo fórmulas de copago y de reducción de las prestaciones que no tienen en cuenta ni el agravio económico comparativo que soportan las personas con diversidad funcional ni el hecho de que la asistencia personal no es un recurso substitutorio de “gastos hoteleros” (alojamiento, comida, etc)
No se trata de una cuestión de insuficiencia presupuestaria, ya que según la memoria económica de la Cartera de Servicios 2010-11 la Administración invierte una media de 3.231 €/mes en internar en una residencia a una persona con diversidad funcional física (3.600 €/mes en casos de diversidad psíquica), mientras que el tope establecido para contratar asistencia personal es de 1.300 €/mes. Esto coarta la libertad de las personas con diversidad funcional para elegir dónde quieren vivir, y se favorece un modelo de segregación que impide un ejercicio pleno de los derechos humanos.
SOLCOM recuerda que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad establece en su artículo 19 el derecho a la vida independiente y la obligación de los Estados de proporcionar la asistencia personal necesaria para hacerlo efectivo. Este tratado internacional de derechos humanos es de obligado cumplimiento en España desde su entrada en vigor en el orden internacional, mayo de 2008, y tiene primacía sobre cualquier legislación o normativa interna.
Además de promover la institucionalización de las personas con diversidad funcional, la orden recurrida discrimina a los menores de 16 años y a los mayores de 64, así como a las personas con diversidad intelectual, mental o psíquica, impidiéndoles el acceso a la asistencia personal. También se imposibilita la igualdad de oportunidades de quienes elijan hacer vida independiente con el apoyo de la asistencia personal, al empobrecerles imponiendo fórmulas de copago y de reducción de las prestaciones que no tienen en cuenta ni el agravio económico comparativo que soportan las personas con diversidad funcional ni el hecho de que la asistencia personal no es un recurso substitutorio de “gastos hoteleros” (alojamiento, comida, etc)
lunes, 20 de diciembre de 2010
Debut en la coral
¿Por qué un Estado de DERECHOS antes que un Estado SOLIDARIO?
Porque en un Estado de DERECHOS HUMANOS, las personas podemos decidir y ejercer nuestra ciudadanía en igualdad de oportunidades.
Sin embargo, en un Estado SOLIDARIO se trata a las personas con una marcadísima diferencia entre las personas solidarias y las personas discriminadas.
Explico como ejemplo el suceso que viví este sábado pasado:
Mi madre debutaba como cantante en una coral, cosa de la que me siento muy orgullosa y feliz. Mi madre es como todas las madres peleonas, siempre procurando el bienestar de sus hijas. Y me consta que por mí, mi madre ha subido y bajado miles de escaleras exigiendo la ejecución de mis DERECHOS.
El concierto tuvo lugar en el Colegio Virgen De Las Escuelas Pias Hijas De Maria, situado en la céntrica calle Aragón, de Barcelona. Sé que es feo señalar y acusar, pero mucho más humillante es llegar a un colegio concertado, es decir, subvencionado a medias entre las familias de los y las estudiantes y la administración pública encargada, y encontrarte con 10 escalones antes de acceder a un ascensor que tampoco cumple las normas de accesibilidad.
Las barreras arquitectónicas hoy ya son un delito, pero gracias a la SOLIDARIDAD ciudadana todavía la justicia no actúa. Porque como me dijeron: 'Tú tranquila que entre cuatro te subimos y luego te bajamos. Estamos acostumbrados, lo hemos hecho mil veces.' Yo no tuve ni voz, ni voto, en esa situación. Durante 10 escalones perdí el equilibrio, la seguridad y la autonomía, convirtiéndome en un “objeto pesado” a merced de las circunstancias.
Ni soy un “objeto pesado”, ni me gusta que me humillen y si no llega a ser porque estaba allí por mi madre, para apoyarla y aplaudirla, no hubiera permitido que me hicieran perder mi dignidad, mi libertad y mis DERECHOS.
Marga
Porque en un Estado de DERECHOS HUMANOS, las personas podemos decidir y ejercer nuestra ciudadanía en igualdad de oportunidades.
Sin embargo, en un Estado SOLIDARIO se trata a las personas con una marcadísima diferencia entre las personas solidarias y las personas discriminadas.
Explico como ejemplo el suceso que viví este sábado pasado:
Mi madre debutaba como cantante en una coral, cosa de la que me siento muy orgullosa y feliz. Mi madre es como todas las madres peleonas, siempre procurando el bienestar de sus hijas. Y me consta que por mí, mi madre ha subido y bajado miles de escaleras exigiendo la ejecución de mis DERECHOS.
El concierto tuvo lugar en el Colegio Virgen De Las Escuelas Pias Hijas De Maria, situado en la céntrica calle Aragón, de Barcelona. Sé que es feo señalar y acusar, pero mucho más humillante es llegar a un colegio concertado, es decir, subvencionado a medias entre las familias de los y las estudiantes y la administración pública encargada, y encontrarte con 10 escalones antes de acceder a un ascensor que tampoco cumple las normas de accesibilidad.
Las barreras arquitectónicas hoy ya son un delito, pero gracias a la SOLIDARIDAD ciudadana todavía la justicia no actúa. Porque como me dijeron: 'Tú tranquila que entre cuatro te subimos y luego te bajamos. Estamos acostumbrados, lo hemos hecho mil veces.' Yo no tuve ni voz, ni voto, en esa situación. Durante 10 escalones perdí el equilibrio, la seguridad y la autonomía, convirtiéndome en un “objeto pesado” a merced de las circunstancias.
Ni soy un “objeto pesado”, ni me gusta que me humillen y si no llega a ser porque estaba allí por mi madre, para apoyarla y aplaudirla, no hubiera permitido que me hicieran perder mi dignidad, mi libertad y mis DERECHOS.
Marga
domingo, 19 de diciembre de 2010
La barrera del sonido
Un estudiante sordo de la UMA denuncia que carece de un intérprete adecuado para seguir las clases · La Universidad dice que se han cubierto las necesidades del joven
Después de cursar sus estudios hasta Bachillerato con la colaboración de intérpretes, José Anastasio Jiménez, un joven sordo, no pensó que las barreras llegarían con su entrada en la Universidad de Málaga (UMA) el pasado mes de septiembre. Forma parte del 1% de las personas sordas que acceden a estudios superiores. Desde su entrada a la UMA su aprendizaje ha estado "limitado" debido a "la falta de un intérprete que se adapte a su discapacidad". Es más, asegura que actualmente cuenta con los servicios de una asistente social, que conoce ligeramente el lenguaje de signos, en vez de una intérprete. Por su parte, desde el Secretariado de Acción Social aseguran que "el alumno ha dispuesto siempre de una intérprete". "Es una necesidad y un derecho que los alumnos con discapacidad vean cubiertas sus necesidades", afirman.
Nada más comenzar el curso se puso en contacto el Secretariado de Acción Social de la UMA para solicitar un intérprete y poder seguir así las clases del Grado en Magisterio, donde está matriculado. "Me dijeron que en dos semanas lo tendría, pero al final tuve que esperar un mes". La espera no fue lo único que "perjudicó" al aprendizaje del joven. De las 22 horas de clase semanales que tiene José, la intérprete solo prestaba sus servicios 10 horas. "Me sentí discriminado. En dos asignaturas podía tener el mismo nivel que mis compañeros, pero de las tres materias restantes no me enteraba de nada".
Indignado ante tal situación, se dirigió de nuevo a Acción Social para que se ampliasen las horas de la intérprete. José consiguió su objetivo a medias. "Me concedieron 20 horas, pero me cambiaron la intérprete porque había finalizado el convenio de la UMA con la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), que era quien les facilitaba el personal". Afirma que en vez de contar con los servicios de una intérprete, le pusieron "una asistenta social que conoce poco el lenguaje de signos". "Siento impotencia porque en febrero llegan los exámenes y no he podido estudiar porque no me estoy enterando de nada. Me volví a quejar a la UMA, pero todavía no he obtenido respuesta", afirma el joven.
Desde el Secretariado de Acción Social se mostraron sorprendidos ante las denuncias de José. "El joven ha dispuesto de una intérprete desde que llegó a la Universidad. Es más, se ampliaron las horas inicialmente otorgadas y ante sus quejas con la segunda intérprete hemos vuelto al convenio con la FAAS para que a partir del 10 de enero el joven vuelva a contar con los servicios de la primera intérprete", aseguró el director del organismo académico, Manuel Hijano. Indicó que las diez horas iniciales se debieron a que "los docentes las consideraron suficiente para cubrir las necesidades reales del joven". Tras un cambio de profesorado y las demandas de José se decidió ampliar a 20 horas.
Respecto a las denuncias de que la actual intérprete no es tal sino que ejerce los servicios de una asistenta social, Hijano indica la empresa contratante afirma que sí es intérprete. No obstante y ante las quejas del estudiante, Hijano asegura que ya han solicitado a la Federación una nueva intérprete y, en concreto, los servicios de la primera que se contrató.
http://www.malagahoy.es/malaga/detail.php?id=862647#
Después de cursar sus estudios hasta Bachillerato con la colaboración de intérpretes, José Anastasio Jiménez, un joven sordo, no pensó que las barreras llegarían con su entrada en la Universidad de Málaga (UMA) el pasado mes de septiembre. Forma parte del 1% de las personas sordas que acceden a estudios superiores. Desde su entrada a la UMA su aprendizaje ha estado "limitado" debido a "la falta de un intérprete que se adapte a su discapacidad". Es más, asegura que actualmente cuenta con los servicios de una asistente social, que conoce ligeramente el lenguaje de signos, en vez de una intérprete. Por su parte, desde el Secretariado de Acción Social aseguran que "el alumno ha dispuesto siempre de una intérprete". "Es una necesidad y un derecho que los alumnos con discapacidad vean cubiertas sus necesidades", afirman.
Nada más comenzar el curso se puso en contacto el Secretariado de Acción Social de la UMA para solicitar un intérprete y poder seguir así las clases del Grado en Magisterio, donde está matriculado. "Me dijeron que en dos semanas lo tendría, pero al final tuve que esperar un mes". La espera no fue lo único que "perjudicó" al aprendizaje del joven. De las 22 horas de clase semanales que tiene José, la intérprete solo prestaba sus servicios 10 horas. "Me sentí discriminado. En dos asignaturas podía tener el mismo nivel que mis compañeros, pero de las tres materias restantes no me enteraba de nada".
Indignado ante tal situación, se dirigió de nuevo a Acción Social para que se ampliasen las horas de la intérprete. José consiguió su objetivo a medias. "Me concedieron 20 horas, pero me cambiaron la intérprete porque había finalizado el convenio de la UMA con la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), que era quien les facilitaba el personal". Afirma que en vez de contar con los servicios de una intérprete, le pusieron "una asistenta social que conoce poco el lenguaje de signos". "Siento impotencia porque en febrero llegan los exámenes y no he podido estudiar porque no me estoy enterando de nada. Me volví a quejar a la UMA, pero todavía no he obtenido respuesta", afirma el joven.
Desde el Secretariado de Acción Social se mostraron sorprendidos ante las denuncias de José. "El joven ha dispuesto de una intérprete desde que llegó a la Universidad. Es más, se ampliaron las horas inicialmente otorgadas y ante sus quejas con la segunda intérprete hemos vuelto al convenio con la FAAS para que a partir del 10 de enero el joven vuelva a contar con los servicios de la primera intérprete", aseguró el director del organismo académico, Manuel Hijano. Indicó que las diez horas iniciales se debieron a que "los docentes las consideraron suficiente para cubrir las necesidades reales del joven". Tras un cambio de profesorado y las demandas de José se decidió ampliar a 20 horas.
Respecto a las denuncias de que la actual intérprete no es tal sino que ejerce los servicios de una asistenta social, Hijano indica la empresa contratante afirma que sí es intérprete. No obstante y ante las quejas del estudiante, Hijano asegura que ya han solicitado a la Federación una nueva intérprete y, en concreto, los servicios de la primera que se contrató.
http://www.malagahoy.es/malaga/detail.php?id=862647#
viernes, 17 de diciembre de 2010
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